Un informe
de la intervención municipal del Ayuntamiento de Fuengirola da la razón a los
argumentos esgrimidos durante los últimos años por los concesionarios y
usuarios de los Aparcamientos Suel, respeto a las irregularidades que
rodearon la desafectación del dominio público que el Equipo de Gobierno de Oña
aprobó definitivamente en el pleno de 31 de mayo de 2010, para la conversión
del aparca-miento en dominio privado, quedando una parte como concesionarios
individuales y el resto como usuarios. No obstante, el acuerdo implicaba el
pago del IBI y canon, pese a que el inmueble se integraría como bien en el patrimonio
municipal.
Tras esa desafectación, y de acuerdo con lo aprobado por Oña y sus ediles, se trasladaba la obligación del pago del canon que tenía que hacer durante 50 años la empresa ORECO SA a quienes siguieran como usuarios y no quisieran pagar un plus para adquirir la propiedad -recordemos que el régimen que venía aplicándose era el de concesión-, produciéndose así un trato de favor a la empresa, a la que se le perdonaban con este acuerdo más de 700.000 euros.
El Partido Andalucista
puso en cuestión en su momento la legalidad de la operación. En aquel pleno,
la concejala de infraestructuras Ana Mula, llegó a decir que el Consistorio percibiría el doble de
lo acordado inicialmente con la empresa y, sin embargo, en el informe F-73/2012
emitido por el Interventor de Fondos del Ayuntamiento de Fuengirola, se fundamentaba
que de exigirse por el Ayuntamiento a los terceros usuarios de las plazas el
abono del canon, se estaba trasladando a los citados terceros una obligación
que incumbe al concesionario, que debió incluirla en su estudio económico
financiero y a la que debe hacer frente produciéndose, en caso contrario, un
desequilibrio económico en la concesión que supondría un enriquecimiento sin
causa por parte del antiguo concesionario que ha percibido la totalidad de los
ingresos y no hace frente a los gastos, entre ellos el abono del canon
concesional al Ayuntamiento, que le incumbía. Todo ello contradice las tesis
del Equipo de Gobierno y corrobora nuestras sospechas de ilegalidad de la
desafectación. Con ella el Partido Popular está beneficiando económicamente a
la misma empresa que ostenta el 33% de los convenios urbanísticos del PGOU de
Fuengirola.
El tiempo da y quita razones, pero el dinero
que procede del patrimonio común o de los impuestos de todos los vecinos no se
regala ni a empresas amigas ni a parientes lejanos. El concesionario ha
percibido la totalidad de los ingresos que habría recibido por todo el periodo
concesional de 50 años y, en cambio, no ha satisfecho más que parte de los
gastos que debía soportar, entre ellos el canon concesional, lo que supone que
el Ayuntamiento de Fuengirola perdonaría a ORECO, como finalmente ha sucedido,
un importe de 728.850 euros, que perderán las arcas municipales, algo
inaceptable para la ciudad en estos tiempos de crisis y de subida de impuestos
generalizada.
Oña está acostumbrada a confundir lo que
es de todos con algo distinto, lo que hace bastante esclarecedor la forma de
proceder del Equipo de Gobierno.
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