.

El PA considera que el “catastrazo” podría estar incurriendo en delito de exacción ilegal

   El Secretario Comarcal Andalucista de la Costa del Sol Occidental, Cristóbal González, ha sido el encargado de redactar las principales medidas que proponen los comités locales Andalucistas contra el “catastrazo”. Pedro Morgado, Secretario Local del Partido Andalucista de Fuengirola, presentó escrito en los registros del municipio, para instar al Gobierno Municipal a solicitar de modo inmediato de la Gerencia Territorial del Catastro la elaboración y aprobación que corresponde en todo caso conforme a ley, de una nueva Ponencia Catastral.

    Entre 2002 y 2004 los precios de los bienes inmuebles se habían inflado vertiginosamente como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, doblando en poco más de tres años los precios de 2001. Una profunda crisis (en la que aún seguimos inmersos) cambió por completo ese status quo a partir de 2008, sin que los valores catastrales se hayan ajustado a la nueva situación del mercado. Por ley (Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario), la revisión ordinaria es preceptiva una vez cumplidos diez años desde la anterior revisión, al imponerlo así el artículo 28.3.a) del meritado R.D. 1/2004. Durante 2014 se cumplen en Fuengirola 10 años desde la anterior revisión catastral, por lo que debe elaborarse una nueva. Mientras esto se produce, los comités locales del Partido Andalucista solicitan que se apliquen los coeficientes más bajos hasta que se haga un estudio exhaustivo.

   Por otro lado, el artículo 28.2 del  citado  Real  Decreto  1/2004 posibilita el procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles de una misma clase, que podrá iniciarse de oficio o a instancia del ayuntamiento correspondiente cuando, respecto a una pluralidad de bienes inmuebles, se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, ya sea como consecuencia de una modificación en el planeamiento urbanístico o por cualesquiera otras circunstancias. Ni la Gerencia Territorial del Catastro ni el Ayuntamiento de Fuengirola, que sepamos, han utilizado la prerrogativa (imperativo legal, a nuestro entender) que les ofrece este apartado legal. Por eso el Secretario Local presentó otro escrito ante la Gerencia Territorial del Catastro instando a este organismo a iniciar, de oficio, el procedimiento de la nueva valoración. Así se cerraba el círculo con los Ayuntamientos.

   Para el Partido Andalucista la importancia de la valoración catastral no admite encarecimientos. Un valor catastral “inflado” arrastra no sólo el Impuesto de Bienes Inmuebles, sino también a los valores fiscales a efectos de compraventas o donaciones y a las plusvalías. Y, por supuesto, a las ganancias patrimoniales. En este contexto, los actuales valores catastrales, en muchos casos, pueden estar “inflados” en un cien por cien respecto a los que corresponderían conforme a una Ponencia actual. De esta manera, se está exigiendo a los contribuyentes impuestos de una cuantía

desproporcionada que no tienen obligación de soportar, y se podría  estar incurriendo en un

delito de exacción ilegal. Una situación que afecta a millones de contribuyentes en toda España.

   El Partido Andalucista ha pre-sentado también en el mismo sentido dos medidas transitorias para bajar el IBI: Reducir el tipo de gravamen municipal al 0´4%; y pedir al Estado la aplicación del índice corrector (reductor, en este caso) previsto en el artículo 32 del R.D. Legislativo 1/2004.

    El Secretario Comarcal de la Costa del Sol Occidental del Partido Andalucista Cristóbal González, alertó de la temeridad en que incurrirían los ayuntamientos que se acojan al Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros (BOE de 29 de junio), lo que puede suponer el golpe de gracia al maltrecho contribuyente.

   Además de no poder reconocer otros beneficios fiscales que los establecidos con carácter obliga-torio por las leyes estatales o los de “pronto pago” (artículo 26.c), particularmente demoledor es el artículo 30 de este cuerpo legal, que impone una subida de los impuestos locales, a través de las Ordenanzas Fiscales, hasta el máximo permitido.

    Para mitigar el problema, y como medida transitoria mientras se elaboran y aprueban las nuevas Ponencias Catastrales por parte del Ejecutivo, el Partido Andalucista pide al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola que apruebe la aplicación del tipo mínimo del IBI (el 0´4%) y que se solicite del Gobierno Central la aprobación de coeficiente reductor para que los contribuyentes paguen lo que realmente deban pagar.